"El Descodificador" es una columna escrita por Luis Miguel Rufino que aparece todos los martes en la sección de Economía y Empresa del diario El Mundo.
Casi nadie discute ya que la inmigración ilegal es un grave problema de futuro en algunos países. La cuestión es cómo abordarla, porque la solución y sus consecuencias serán muy diferentes según consideremos que estamos ante un problema más social que económico o se nos ocurra pensar lo contrario.
Y no sólo por aquí le damos vueltas a la forma de organizar la acogida e integración de los que vienen de fuera. Los miembros del Senado de los EEUU de América andan ahora mismo a la gresca por mor de consensuar una ley que regularice a los 12 millones de inmigrantes ilegales que por allí andan, trabajando, y en su mayoría, hablando sólo en español.
Lo curioso del caso es la salida que se le está dando a dicha regularización. En el país donde tantos siguen ubicando Eldorado, parece que la solución más original que han encontrado los senadores es que los trabajadores ilegales compren sus papeles con billetes verdes de esos en los que sale la cara de uno de sus presidentes muertos. Junto con esta “amnistía de pago” (término que el gobierno rechaza), se endurecerán las sanciones a las empresas que contraten sinpapeles y se reforzarán las fronteras, en concreto el muro que les separará de México.
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Levantar un muro que impida o frene o mitigue o desanime o ahuyente la inmigración de los más pobres del sur de América hacia el riquísimo norte es uno de los proyectos estrella de la política interior del actual gobierno. El desmedido coste de construir una muralla de 3.200 km (bastante más distancia de la que hay de Huelva a Gerona y volver) será pagado, al menos en parte, con las “multas” (así las van a llamar) que se impongan a los inmigrantes que regularicen su situación a la luz de la nueva ley.
El proyecto contempla la posibilidad de hacerlo por dos vías: la primera, abonando una multa de 740 euros, con la que se tendría derecho a iniciar (que no necesariamente a concluir) los trámites de un simple permiso de trabajo. La segunda vía es la que llevaría a conseguir la ciudadanía. Es bastante más cara, 3.700 euros para empezar a hablar, y más complicada, ya que exige pasar pruebas de inglés y de educación cívica.
Pero lo más tenebroso de esta segunda vía es que exige que el inmigrante vuelva a su país para iniciar los trámites. Recordar las fatigas que supusieron cruzar la raya y eludir a la Migra (policía fronteriza) echará para atrás a más de uno. Porque en según qué sitios y entre según qué gente, la cuestión se reduce —simplemente— a fiarse o no fiarse. Y los que ya arriesgaron la vida una vez por llegar, es difícil que se planteen volver a casa, y menos a por papeles.