"El Decodificador" es una columna escrita por Luis Miguel Rufino que aparece todos los martes en la sección de Economía y Empresa del diario El Mundo.
Suena por la calle cierto acuerdo entre la gente llana en cuanto a que la vía penal actual no es capaz de solucionar los problemas a los que se enfrenta la mayoría de la ciudadanía, justo esa porción de nuestra sociedad que sólo se dedica a no molestar a su prójimo, a pagar impuestos y a votar “listas cerradas” cada 4 años. Y ese agotamiento de lo penal no es culpa de jueces y fiscales que, en su gran mayoría, saben cómo se ayuda al ciudadano, sino de los políticos profesionales que enviamos a parlamentos y ayuntamientos para que redacten las leyes y normas que, supuestamente, han de permitir que el ciudadano de bien viva bien y el ciudadano de mal lo pase mal.
Pues en esto de buscar vías eficaces para reprimir a los infractores de las normas que se da la propia sociedad, los franceses acaban de dar un paso que puede marcar un camino nuevo. Las claves son el consenso de las partes implicadas, el apoyo del poder político, algo de sentido común y nada de ese “complejo de poco demócrata” que aquí nos atenaza y allí no.
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Se llama así —Olivennes— al informe encargado a unos expertos por el gobierno francés con 13 medidas para acabar con las descargas gratuitas de música y películas por Internet. Nuestros vecinos, sensibles en la defensa de los derechos de los que crean arte y cultura, pretenden que el pirateo no siga escamoteando una parte de su remuneración al que se estruja la sesera para que otros disfruten o se entretengan. Para ello han optado por una vía más sutil que la mera represión: en vez de castigar con multas o penas más o menos graves, se trata de cortarle la conexión a Internet a los que se descarguen música y cine sin pagar derechos de autor.
La mecánica es simple: una autoridad administrativa dará un aviso a todo usuario que se descargue material protegido por “copyright”. Si el usuario reincide, la autoridad ordenará al suministrador de acceso a la red (Telefónica, Orange, Ono, etc) que cancele la conexión del infractor. El acuerdo está patrocinado por los ministerios de Cultura, Economía y Justicia, discográficas, distribuidores y Sociedad de Autores.
Al sur del Pirineo, los españoles somos los europeos que más descargas gratuitas realizamos. Aquí el 58% de los usuarios “se baja” canciones, muy por encima del 37% en el resto de Europa. Quizás nos quede algo de camino para que nuestro gobierno promueva una medida similar. De cualquier manera, no hay que apurarse. Si los precios de las descargas se siguen reduciendo y los usuarios tomamos conciencia de que hay que ser selectivos, el asunto se simplifica. De qué sirve bajarse los 115 álbumes publicados por Mina, cuando lo único que queríamos era oír la legendaria “Parole, parole”. Es lo que ocurre cuando las cosas son gratis.
Caroline de Beauregard — 30-11-2007 15:43:45